Traducciones juradas oficiales y certificadas de español y francés

El traductor-intérprete jurado es un profesional al que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha nombrado tras acreditar su competencia en un idioma, normalmente mediante un examen oficial. El Ministerio publica la lista de traductores jurados, de modo que cualquier organismo puede comprobar que quien firma la traducción está habilitado.

Lo que distingue una traducción jurada de cualquier otra es la certificación final: el traductor declara que la traducción es fiel y completa respecto al original, y la firma y sella. Con esa certificación, la traducción puede presentarse ante administraciones, juzgados, notarías, registros civiles y universidades españolas sin necesidad de que nadie más la valide.

Una traducción jurada reproduce todo el contenido del documento: el texto principal, los sellos, las firmas, las notas al margen y cualquier anotación. Si alguna parte del original no se puede leer, se indica expresamente en la traducción en lugar de suponer lo que pone. Por eso es la opción que exigen los organismos oficiales cuando necesitan entender un documento redactado en otro idioma con total seguridad.

El plazo empieza a contar cuando confirmas el presupuesto y realizas el pago. Para la mayoría de documentos habituales, como certificados de nacimiento o matrimonio, títulos o expedientes académicos de pocas páginas, el plazo estándar de 48 horas hábiles es suficiente.

Si tienes una cita cercana en un consulado, una fecha límite de matrícula o un trámite que no puede esperar, puedes elegir el servicio urgente en 24 horas, que cuesta 15 € más. La entrega en el mismo día es posible para documentos breves recibidos a primera hora, según el volumen de trabajo de ese día; te confirmamos la hora exacta antes de empezar.

En documentos largos, como sentencias, escrituras o estatutos de empresa, el plazo depende de la extensión y del formato. En esos casos te indicamos en el presupuesto la fecha de entrega concreta, para que puedas planificar tu trámite con tranquilidad. Un consejo práctico: no dejes la traducción para el último momento, sobre todo en épocas como verano o diciembre, cuando muchos organismos reducen su horario.

Los documentos de una página (certificados de nacimiento, matrimonio y defunción, antecedentes penales, títulos universitarios o de bachillerato, documentos de identidad o certificados médicos) cuestan 35 €. El expediente académico cuesta 49 € hasta 3 páginas, y el pack de homologación (título y expediente) 75 €. El libro de familia y los documentos de empresa breves, como el extracto Kbis, cuestan 39 €. Cada página adicional suma 12 €. Los documentos jurídicos más extensos (poderes, sentencias, escrituras o contratos) se presupuestan a 0,10 € por palabra, con un mínimo de 39 €.

Sobre ese precio puedes añadir el servicio urgente en 24 horas (15 €), la copia física certificada enviada por mensajería (12 €) o la traducción de una apostilla en página aparte (10 €). Todos los precios incluyen el IVA.

Antes de empezar recibes siempre un presupuesto cerrado con el importe final y la fecha de entrega, de modo que no hay sorpresas. Para calcularlo solo necesitamos una foto o un escaneo legible del documento: así vemos su extensión, si tiene tablas, sellos o anotaciones, y si conviene traducir también el reverso o la apostilla.

La entrega digital es la opción más rápida y la que eligen la mayoría de nuestros clientes: recibes un PDF con la traducción, la certificación del traductor jurado y su firma, listo para presentar en sedes electrónicas, plataformas de universidades o por correo electrónico cuando el organismo lo admite.

Algunos organismos siguen pidiendo la traducción en papel con firma manuscrita y sello original, por ejemplo determinados consulados, registros o procedimientos presenciales. Para esos casos ofrecemos la copia física certificada, que te enviamos por mensajería a la dirección que nos indiques, por 12 €.

Si no sabes qué formato te van a pedir, consulta las instrucciones del trámite o pregunta directamente al organismo antes de hacer el encargo. Así eliges desde el principio el formato adecuado y evitas tener que solicitar una copia adicional más adelante.

Junto con el documento, indícanos a qué idioma necesitas la traducción (del francés al español o del español al francés) y, si lo sabes, para qué trámite la vas a presentar. Así podemos revisar que nos has enviado todo lo necesario, como el reverso, las menciones marginales o la apostilla.

Con esa información te enviamos en menos de 24 horas un presupuesto cerrado con la fecha exacta de entrega. Si prefieres escribirnos antes de enviar nada, también puedes usar el formulario de contacto y te respondemos por correo.

No necesitas enviarnos el documento original en papel: basta con un escaneo o una fotografía nítida hecha con el móvil. Para que la traducción sea completa y exacta, conviene que la imagen tenga buena luz, sin sombras ni reflejos, y que se vea el documento entero, sin cortar los bordes.

Envíanos todas las páginas, incluido el reverso si tiene texto, sellos o firmas, y también la apostilla o las diligencias que lleve unidas. Una traducción jurada debe reflejar todo lo que contiene el documento, y a menudo los sellos o las notas al margen son tan importantes como el texto principal.

Si alguna parte del documento original está deteriorada o es ilegible, no la inventamos: la traducción lo indica expresamente. Si notamos que la calidad de la imagen impide leer algún dato, te lo diremos antes de empezar para que puedas enviarnos una copia mejor.

La traducción jurada electrónica tiene el mismo contenido que la de papel: la traducción completa, la certificación del traductor-intérprete jurado y su firma. La diferencia es que la firma es electrónica, lo que permite comprobar quién la ha firmado y que el documento no se ha modificado después.

Es el formato más práctico para trámites que se hacen por internet, como solicitudes en sedes electrónicas de la Administración, inscripciones en universidades o envíos por correo electrónico. Además, puedes reenviarlo tantas veces como necesites sin que pierda su valor.

Aun así, hay organismos que solo aceptan el documento en papel, sobre todo en trámites presenciales o en algunos consulados. Revisa las instrucciones de tu trámite y, si te piden papel, solicita la copia física certificada al hacer el encargo.

Una traducción simple o no jurada puede ser de gran calidad, pero no lleva certificación oficial. Sirve para entender un documento, para uso interno de una empresa o cuando el destinatario no exige ninguna formalidad.

Cuando un documento se presenta ante una administración, un juzgado, una notaría, un registro civil o una universidad, lo habitual es que pidan una traducción jurada. En España, la única traducción con carácter oficial es la que firma y sella un traductor-intérprete jurado nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

En otros países el sistema es distinto: en Francia, por ejemplo, la figura equivalente es el traducteur expert près une cour d'appel. Por eso, si el documento se va a presentar fuera de España, conviene confirmar con el organismo de destino qué tipo de traducción acepta antes de hacer el encargo.

La apostilla es una certificación, prevista en el Convenio de La Haya de 1961, que acredita la autenticidad de la firma o el sello de un documento público para que pueda utilizarse en otro país firmante del convenio. No forma parte de la traducción: la solicitas ante la autoridad competente del país que emitió el documento.

Entre países de la Unión Europea, el Reglamento (UE) 2016/1191 suprime la apostilla para determinados documentos públicos, como los de registro civil (nacimiento, matrimonio, defunción…), residencia, nacionalidad o antecedentes penales. Para otros documentos, como títulos académicos o escrituras, cada organismo decide si la exige.

Si tu trámite requiere apostilla, lo más práctico es apostillar el documento antes de encargar la traducción. Así la apostilla se traduce junto con el resto del documento en una sola traducción jurada, y evitas tener que hacer un segundo encargo después.

El Reglamento (UE) 2016/1191 facilita la circulación de determinados documentos públicos entre los países de la UE. Su artículo 6 establece que, cuando un país exige la traducción certificada de uno de esos documentos, debe aceptar la realizada por una persona cualificada en cualquier Estado miembro, como un traductor-intérprete jurado nombrado por el MAEC.

Los documentos cubiertos son los documentos públicos sobre nacimiento, defunción, nombre, matrimonio, divorcio o nulidad, pareja de hecho registrada, filiación, adopción, domicilio o residencia y nacionalidad, así como el certificado de antecedentes penales expedido a un ciudadano de la UE por su propio país.

Es posible que el reglamento no cubra otros documentos, como los títulos y expedientes académicos, las escrituras, los poderes, los contratos, los documentos de empresa o las sentencias sobre otras materias. No significa que la traducción jurada no vaya a servir: muchas universidades, empresas y organismos de otros países la aceptan sin problema. Simplemente, cada autoridad puede establecer sus propias condiciones, como pedir un tipo concreto de traducción, una apostilla o una legalización, y en algunos casos podría no admitir determinados documentos tal como se presentan.

Para muchos documentos de registro civil también puedes pedir al organismo que los expide un formulario estándar multilingüe, que en la mayoría de los casos evita la traducción. Antes de encargar, confirma con el organismo de destino qué tipo de traducción y qué formalidades exige: así te aseguras de presentar exactamente lo que te piden.

En Francia, las traducciones oficiales las realizan los traducteurs experts près une cour d'appel, traductores inscritos en las listas de expertos de los tribunales de apelación. Es una figura equivalente al traductor-intérprete jurado español, pero con un sistema de nombramiento propio.

Si tu documento es un certificado de nacimiento, de matrimonio, de defunción, de residencia, de nacionalidad o de antecedentes penales, el Reglamento (UE) 2016/1191 obliga a la administración francesa a aceptar la traducción jurada realizada en España, sin necesidad de apostilla.

Con otros documentos, como títulos universitarios, contratos, escrituras o documentos de empresa, la situación puede variar según el organismo. Muchas universidades y empresas francesas aceptan la traducción jurada española, aunque algunas administraciones podrían preferir la de un traductor francés. Lo más sencillo es revisar las instrucciones del trámite o preguntar al organismo antes de hacer el encargo, para elegir la traducción adecuada desde el principio.